El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red mundial
integrada por ONG y redes profesionales especializada en cuestiones relacionadas
con el uso y la producción de drogas ilegales. El Consorcio trabaja para fomentar un
debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas
de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundan
sobre evidencias científicas que efectivamente reducen el daño relacionado a las
drogas. La red elabora sus propios informes y documentos de principios, difunde los
informes de sus organizaciones miembro sobre cuestiones específicas relacionadas
con las drogas, y ofrece servicios de asesoría a los encargados de políticas y
funcionarios de todo el mundo.
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desembocar en el apoyo popular a los enfoques
de ‘mano dura’ ante problemas de drogas
y delincuencia. Por suerte, en 2010 se han
publicado dos guías de fácil acceso dirigidas
específicamente a formuladores de políticas
que proporcionan información y asesoramiento
sobre cómo adoptar un enfoque estructurado
para el desarrollo de una estrategia nacional
sobre drogas integral e integrada:
• Desarrollo de políticas públicas
sobre drogas: guía para responsables
políticos, técnicos y expertos. Comisión
Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) y Secretaría de la
Comunidad del Caribe (CARICOM). La
CICAD fue establecida en 1986 por la
Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) con el objetivo
de actuar como un foro para el hemisferio
occidental encargado de las políticas
relacionadas con todos los aspectos del
problema de las drogas. Cada Estado
miembro designa un alto representante
ante la Comisión, que se reúne dos veces
al año. La CICAD promueve la cooperación
y coordinación regionales entre los Estados
miembros de la OEA a través de programas
de acción, que dependen de su Secretaría
Ejecutiva. La Secretaría de la CARICOM
es el principal órgano administrativo de la
Comunidad del Caribe y está encabezada
por un secretario general que es el jefe
ejecutivo de la Comunidad. La misión de
la Secretaría consiste en proporcionar
un liderazgo y soporte dinámicos, en
colaboración con las instituciones y los
grupos de la Comunidad, con miras a
alcanzar una Comunidad sostenible,
viable e internacionalmente competitiva
que mejore la calidad de vida de todos
sus habitantes. Esta guía fue elaborada
conjuntamente por estos dos organismos
regionales para dar respuesta a sus
Estados miembros, que habían expresado
que necesitaban apoyo técnico en este
campo. La guía se ha desarrollado con la
ayuda de expertos en materia de políticas e
instituciones de estas organizaciones y de
otros asesores especializados. Partiendo
de la idea de que una buena política de
drogas debe abarcar estrategias y acciones
claramente planificadas en muchos ámbitos
de gobierno –seguridad, justicia, asuntos
sociales, sanidad, educación, aplicación
de la ley y asuntos exteriores–, la guía se
centra en los procesos institucionales que
se deberían seguir para garantizar que las
políticas y los programas sean integrales y
eficaces en términos de costos. Se puede
descargar una versión completa de la guía,
en inglés, en las páginas web de ambas
organizaciones (www.cicad.oas.org o www.
caricom.org). También se puede acceder
directamente a la guía a través de: http://
www.cicad.oas.org/en/pubs/How_to_
Develop_a_National_Drug_Policy_CICADCARICOM.
pdf.
• Guía sobre políticas de drogas del
IDPC. Consorcio Internacional sobre
Políticas de Drogas (IDPC). El Consorcio
Internacional sobre Políticas de Drogas
es una red mundial integrada por
organizaciones no gubernamentales (ONG)
que se han agrupado en una plataforma
común para fomentar políticas de drogas
humanas y eficaces. El Consorcio cuenta
con 60 organizaciones miembro en todo
el mundo y con una red de expertos cuya
labor se centra en varios aspectos del
desarrollo de programas y políticas de
drogas. Muchos de ellos han participado
en la elaboración y la revisión de políticas
gubernamentales en este campo. Un
objetivo del Consorcio es ofrecer a las ONG
interesadas un mecanismo para interactuar
de forma constructiva con gobiernos
nacionales y organismos internacionales
sobre cuestiones relacionadas con las
políticas de drogas, así como ofrecer
un servicio de asesoría y orientación a
responsables de la formulación de políticas
que están trabajando sobre la revisión y
modernización de sus políticas y estrategias.
Esta publicación es fruto de una labor
3
de colaboración en que han participado
muchos miembros y asesores del IDPC y
reúne pruebas y buenas prácticas de todo
el mundo sobre la elaboración y puesta en
práctica de políticas y programas de drogas
a escala nacional. Al igual que la guía de
la CICAD/CARICOM, cubre los principales
principios y procesos en que se debería
basar el desarrollo de políticas nacionales
eficaces, pero también incluye capítulos que
ofrecen consejos y recomendaciones sobre
áreas normativas concretas, agrupadas
en tres grandes secciones: justicia
penal, programas sociales y sanitarios, y
fortalecimiento de comunidades. La guía
completa se puede descargar en la página
web del IDPC (www.idpc.net) y está
disponible en español (http://www.idpc.
net/es/publications/guia-sobre-politicasde-
drogas-idpc).
Principios y procesos
Ambas publicaciones hacen un gran hincapié en
la importancia de que los gobiernos nacionales
den prioridad urgente a la revisión de políticas y
adopten un enfoque estructurado e integral ante
las diversas opciones de políticas y programas
progresistas. Las dos publicaciones respaldan
explícitamente una serie de principios para
garantizar políticas eficaces:
• Estructura. Se debería adoptar un
enfoque sistemático para el desarrollo,
la puesta en práctica y la revisión de las
políticas nacionales sobre drogas, que esté
supervisado por una estructura internacional
que se encargue de equilibrar las necesidades
e intereses de los departamentos y
organismos correspondientes. La guía
de la CICAD/CARICOM profundiza más
sobre los procesos que deberían seguir los
responsables de formular políticas en este
sentido, describiendo un proceso dividido en
cuatro componentes que abarca: ‘comunidad’
(plena consulta con todos los actores y
agentes de cambio implicados en el proceso
con el objetivo de evaluar la naturaleza del
problema); ‘estrategia’ (la articulación clara
de una dirección, los objetivos y una serie
de actividades); ‘presupuesto’ (la exposición
clara de cómo se van a utilizar los recursos
estatales para apoyar la aplicación de la
estrategia); y ‘evaluación’ (el marco para
evaluar si los diversos elementos de la
estrategia están alcanzando los objetivos
que se les asignaron). La guía del IDPC
subraya la importancia, teniendo en cuenta
que se trata de un área normativa muy
sensible políticamente, de marcar objetivos
y asegurar una evaluación independiente del
impacto de las políticas. Las evaluaciones
deberían centrarse en la eficacia de los
programas y las políticas para reducir
los problemas sociales, sanitarios y de
delincuencia relacionados con las drogas, y
no en la medición de actividades como los
decomisos y los arrestos. Los responsables
de la elaboración de políticas se muestran,
comprensiblemente, muy cautos a la hora
de plantear revisiones que podrían poner
sobre la mesa posibles fallos o cuestiones
políticas difíciles pero, si deseamos
aprender de la experiencia, es fundamental
asumir un compromiso para comprender
mejor el impacto de la labor desempeñada.
Los tiempos, en este sentido, también son
importantes: si la revisión se efectúa sobre
un período de tiempo demasiado breve
será difícil evaluar las tendencias y los
impactos, aunque el carácter cambiante de
los mercados de drogas y los patrones de
consumo significa que los gobiernos no se
pueden permitir quedarse enclaustrados con
estrategias fijas durante demasiado tiempo.
• Diversidad. El hecho de que los gobiernos
sigan procesos parecidos para el desarrollo
de políticas de drogas no debería conducir en
modo alguno a las mismas conclusiones en
materia de políticas y programas. El carácter
de los problemas a los que se enfrenta cada
gobierno, el contexto social, económico
y cultural, y las prioridades políticas y
sociales de distintas administraciones
4
variarán según el momento y el lugar. El
abanico de políticas y programas apropiado
para un determinado país podría no encajar
con la situación en otro. Aunque hay cierto
grado de responsabilidad compartida y
principios comunes en la forma en que
todos los países abordan los problemas de
drogas, se debería también apoyar a cada
gobierno para que encuentre la estrategia
y las actividades más adecuadas a sus
propias circunstancias. La cooperación
internacional no se debería convertir en una
‘camisa de fuerza’ que impide todo atisbo
de creatividad, sino debería centrarse en
una buena coordinación cooperativa en el
campo de la reducción de la oferta y en
el intercambio de experiencias y buenas
prácticas en los campos de aplicación de la
ley y justicia penal, así como de programas
sociales y sanitarios, a escala local.
• Pruebas empíricas. En un área normativa
donde la ideología y la opinión tienen tal
protagonismo, los encargados de adoptar
políticas deberían invertir muy especialmente
tiempo y recursos en desarrollar buenos
conocimientos sobre las pruebas empíricas
disponibles: las dimensiones y la naturaleza
del problema, qué funciona (y qué no) para
reducir los distintos aspectos del problema,
y los impactos sobre el gasto público (es
decir, la interacción entre el gasto proactivo
y el reactivo mencionado al que aludíamos
arriba). Esto supone invertir en los sistemas
de datos e investigación apropiados, así
como evaluar qué implican sus resultados.
Sin duda, ésta es una tarea difícil cuando
los recursos son escasos y las conclusiones
en un área normativa tan compleja nunca
proporcionarán una respuesta totalmente
clara sobre las políticas que se deberían
seguir. Sin embargo, si se comprometen con
la adopción de políticas basadas en pruebas
empíricas, sus responsables contarán al
menos con ‘indicacaciones’ que les servirán
para orientar su camino y decisiones y,
además, con una serie de motivos para reducir
las inversiones en programas ineficaces.
• Sociedad civil. La publicación de la
CICAD/CARICOM destaca que es
importante que los gobiernos garanticen
una adecuada participación de la
sociedad civil como parte del proceso de
formulación de políticas descrito arriba. El
IDPC es una red de la sociedad civil que
lleva tiempo promoviendo mecanismos
más significativos y constructivos para
que la sociedad civil pueda contribuir al
proceso de establecimiento de políticas
a escala nacional e internacional. La
sociedad civil abarca todas las estructuras
no gubernamentales con información y
conocimientos sobre la naturaleza de los
mercados de drogas y los patrones de
consumo de estupefacientes, y que tienen
un interés en que las políticas de drogas se
apliquen con éxito y den buenos resultados
(por ejemplo, ONG que proporcionan
servicios, comunidades y grupos de base
religioso o representantes de consumidores
o cultivadores). Hasta la fecha, el diálogo
entre la sociedad civil y los gobiernos sobre
las políticas de drogas ha tenido a estar
dominado por discusiones sobre moralidad,
ideología y política. Se podrían producir
intercambios mucho más productivos
si ambos grupos se comprometen con
mecanismos que se centren en compartir
experiencias e información para mejorar
los conocimientos sobre la naturaleza del
problema de las drogas y qué respuestas
serían las más eficaces.
El primer apartado de la Guía sobre políticas
de drogas del IDPC articula cinco principios
para lograr políticas de drogas eficaces.
Estos principios reflejan, en grandes líneas,
las orientaciones sobre proceso de la Guía de
la CICAD/CARICOM, pero profundizan más
en tres ámbitos que consideramos de vital
importancia para el desarrollo de políticas y
programas humanos y eficaces.
5
Derechos humanos
No ha pasado mucho tiempo desde que
los investigadores y analistas en materia de
políticas han empezado a examinar las diversas
formas en que las políticas y los programas
de drogas pueden violar los derechos y las
libertades fundamentales consagrados en la
Carta de la ONU y el resto de convenciones
y declaraciones que conforman el aparato
internacional de derechos humanos. Entre ellas
cabría mencionar el uso de la pena de muerte para
delitos de drogas, los castigos extrajudiciales
o la invasión de la intimidad, así como casos
generalizados de denegación de acceso a
servicios sanitarios básicos, la aplicación de
penas desproporcionadas y el empleo de la
tortura y de castigos crueles e inhumanos en
nombre del tratamiento para la dependencia
de las drogas. Todas estas actividades de
fiscalización de estupefacientes chocan con las
obligaciones internacionales que han contraído
los organismos gubernamentales de fomentar y
proteger los derechos humanos. Por lo tanto,
que las políticas de control de drogas cumplan
con las debidas obligaciones en materia de
derechos humanos es un principio clave para el
desarrollo y la revisión de políticas de drogas.
Los países son cada vez más criticados por los
relatores especiales de las Naciones Unidas y
el proceso de examen periódico universal por
llevar adelante políticas y programas de drogas
que infringen estas obligaciones.
Integración social
La ‘guerra contra las drogas’ se basaba –al menos
en parte– en la idea de que, si una sociedad
mostraba un absoluto rechazo al consumo de
drogas y los organismos gubernamentales
trabajaban duro para identificar y castigar a
los consumidores de drogas, se disuadiría a
los consumidores potenciales. Así, muchos
aspectos de las actuales estrategias de drogas
se fundamentan en la teoría de la exclusión
social como mecanismo disuasorio ante el
consumo de drogas. Medidas como el arresto
y castigo generalizado de los consumidores
de drogas, los análisis de detección de
drogas y la exclusión de la escuela o el
empleo, y la denegación de acceso a ayudas
públicas siguen este mismo principio. Sin
embargo, en la práctica, este principio de
disuasión funciona muy raramente. Y no sólo
eso, sino que este proceso de exclusión se
suele aplicar a grupos ya marginados de la
sociedad –sectores pobres, minorías étnicas e
inmigrantes– mientras, al mismo tiempo, otros
programas gubernamentales de desarrollo
social y económico están intentando mejorar la
inclusión de estos mismos grupos. Por tanto,
las políticas de control de drogas basadas
en la disuasión pueden socavar, aunque
no sea de forma deliberada, la labor de los
programas de desarrollo social y económico.
El IDPC, en consecuencia, propone que las
estrategias nacionales sobre drogas se basen
en el principio general de la integración o
inclusión social: el objetivo debería consistir
en maximizar la integración social y económica
de las comunidades pobres y marginalizadas
donde actualmente prosperan los mercados y
el consumo de drogas. Esto entraña una mejor
alineación entre las estrategias y los programas
de desarrollo y los de control de drogas.
Reducción de daños
La guía de la CICAD/CARICOM propone
que las estrategias nacionales se dividan en
dos grandes líneas: ‘reducción de la oferta’ y
‘reducción de la demanda’. En esta tipología, la
reducción de daños (programas con el objetivo
de reducir los daños sociales y sanitarios
del consumo de drogas) se plantea como un
subapartado de la reducción de la demanda.
La guía del IDPC, en cambio, considera que la
reducción de daños es un principio general, ya
que el objetivo último de las políticas de drogas
es limitar los daños sociales y sanitarios y, por
tanto, todas las actividades desempeñadas
en este ámbito se deberían juzgar según su
aportación a este objetivo. Evidentemente,
las actividades que logran limitar la oferta o
la demanda pueden contribuir a la reducción
de los daños sociales y sanitarios, pero esta
correlación no siempre es tan simple. Por
ejemplo, las operaciones de aplicación de la
ley que desmantelan un grupo de traficantes
6
pueden desembocar en un aumento de los
índices de violencia y disturbios cuando otros
grupos más agresivos luchan por hacerse con
el ‘vacío’ dejado en el mercado. También puede
que las iniciativas para disuadir a un pequeño
grupo de consumidores potenciales que no
entren en el mercado de las drogas aumenten
la marginalización social y los riesgos sanitarios
de otros consumidores.
El concepto de reducción de daños se ha
hecho polémico porque un creciente número
de posibles actividades de las estrategias de
drogas pueden limitar determinados daños
sociales y sanitarios –como el VIH/SIDA,
las sobredosis accidentales o la pequeña
delincuencia– sin reducir necesariamente
la oferta o la demanda. El impacto directo
de estas políticas sobre la reducción de los
daños no se cuestiona. Sin embargo, se siguen
planteando cuestiones sobre el valor de estas
actividades de reducción de daños. En primer
lugar, surge el temor de si estas políticas
aumentan la demanda o, al menos, socavan o
restan recursos a los programas de reducción
de la demanda. Esta cuestión se ha estudiado
en profundidad y se ha llegado a la conclusión
de que este temor es infundado: la prestación
de servicios de apoyo a la sanidad pública
destinados a consumidores de drogas o de
tratamiento para la dependencia de drogas
dirigidos a pequeños delincuentes no conduce
a un aumento del consumo. En segundo
lugar, surge la pregunta de si estos enfoques
‘tolerantes’ ante los consumidores de drogas
menoscaban la desaprobación social sobre el
consumo de drogas. Como ya se ha mencionado,
el IDPC considera que los gobiernos deberían
adoptar enfoques más tolerantes con respecto
a los consumidores de drogas y tratarlos, como
manifestó Antonio Costa, director ejecutivo de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD), ‘como pacientes,
no como delincuentes’.
Políticas y programas
La guía de la CICAD/CARICOM no proporciona
ningún consejo detallado sobre la naturaleza de
programas y actividades concretos ni pruebas
sobre la eficacia de éstos. Se limita a ofrecer
una lista genérica de áreas de actividad que
se deberían incluir en una estrategia nacional,
bajo los epígrafes generales de reducción de la
oferta y la demanda. La guía del IDPC sí intenta
resumir las pruebas y experiencias de que se
dispone y traducirlas en recomendaciones para
alcanzar políticas y buenas prácticas eficaces
en tres grandes ámbitos:
Justicia penal
En este apartado de la guía del IDPC, se examinan
las funciones de los organismos encargados de
la aplicación de la ley y de los sistemas judiciales
penales para responder a los mercados de
drogas y a la delincuencia relacionada con
estas sustancias. Este apartado recomienda a
los gobiernos nacionales que dejen de centrar
toda su atención en medir los logros en términos
de números de arrestos y sentencias o en el
volumen de drogas decomisadas, ya que estas
medidas de ‘proceso’ no parecen conducir a
reducir las dimensiones del problema. En lugar
de ello, las estrategias se deberían centrar
más directamente en limitar las consecuencias
sanitarias, sociales y de delincuencia que
se derivan de los mercados y el consumo de
drogas. Este nuevo acento exigirá una revisión
de las estrategias y tácticas de la justicia penal,
tales como:
• La modernización de las leyes sobre
drogas, de forma que distingan mejor entre
los distintos actores que interactúan en
los mercados de drogas –consumidores
ocasionales, consumidores dependientes,
traficantes ‘sociales’, ‘mulas’ o correos y
traficantes comerciales– y puedan centrar
los castigos más severos sobre aquellos
que controlan los mercados de drogas
para obtener unas importantes ganancias
comerciales.
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• Replantear las estrategias de aplicación
de la ley de forma que persigan el
objetivo explícito de reducir la violencia,
la intimidación y la corrupción asociadas
con los mercados de drogas–, dedicando
la principal atención a los grupos más
violentos e implacables, y trabajar en
estrecha colaboración con las agencias
sociales y sanitarias.
• La aplicación de programas que desvíen a
los autores de delitos menores de procesos
judiciales o sentencias penitenciarias que
salen muy caros a las arcas públicas. La
sobrecarga de los sistemas judiciales
y penitenciarios con casos menores de
drogas no sólo es cara, sino que genera
problemas de gestión y no ayuda a mitigar
el problema general de las drogas.
• La creación de estrategias de drogas
para centros penitenciarios que combinen
medidas de seguridad, tratamiento y sanidad
pública de la mejor forma para gestionar la
concentración de consumidores de drogas
en entornos controlados por el Estado y
con gran densidad demográfica.
Los organismos que forman parte de la
justicia penal tienen un papel clave en futuras
estrategias de drogas, pero sus recursos y
tácticas se deben centrar explícitamente en un
conjunto de objetivos más amplio.
Programas sociales y sanitarios
El análisis del IDPC insta a una mayor inversión en
programas de prevención, tratamiento y reducción
de daños como la forma más eficaz en términos
de costos de reducir los problemas sociales
y sanitarios asociados con los mercados y el
consumo de drogas. Sin embargo, en este contexto
general, hay observaciones más detalladas de
cómo las pruebas empíricas y las experiencias que
surgen de iniciativas de todo el mundo pueden
informar las estrategias nacionales:
• Si bien la prevención del consumo de
drogas es, lógicamente, preferible a
responder después de que se produzcan los
problemas, hay escasas evidencias de que
las campañas generalizadas de prevención
de drogas (como las campañas mediáticas
o los programas que se desarrollan en
escuelas) reduzcan efectivamente los niveles
generales de consumo de drogas. Aunque
muchas de estas iniciativas han mejorado
la concienciación sobre los riesgos o han
contribuido a un desarrollo más amplio de
las capacidades para la toma de decisiones,
no han alcanzado su objetivo principal:
reducir los índices de prevalencia o de edad
de iniciación. Así pues, muchos gobiernos
están ahora prestando mayor atención a
programas de prevención selectivos que
se centran en grupos de riesgo concretos y
aspiran más a limitar los niveles de consumo
problemático que el consumo general de
drogas en la sociedad.
• El tratamiento para la dependencia de
drogas cuenta con una base científica muy
sólida que demuestra que los programas
bien concebidos y ejecutados pueden
reducir de forma significativa los problemas
de salud y delincuencia asociados con la
dependencia de drogas. La guía del IDPC
subraya la importancia de que los gobiernos
desarrollen ‘sistemas’ de tratamiento
integrados que abarquen mecanismos
debidamente coordinados para identificar
a personas dependientes de las drogas,
ofreciéndoles acceso a toda una serie de
programas de tratamiento y gestionando su
reinserción en el mundo laboral, la vivienda y
la vida comunitaria. Los sistemas integrados
para el tratamiento de la dependencia de
drogas deberían diseñarse y aplicarse
mediante la colaboración entre diversos
organismos de los ámbitos de la sanidad,
los asuntos sociales y la justicia penal.
• El concepto general de reducción de
daños se comenta más arriba, pero en
el contexto concreto de responder a los
8
problemas sanitarios asociados con la
dependencia de las drogas, hay pruebas
empíricas evidentes sobre la eficacia de
toda una gama de actividades para reducir
contagios como el VIH/SIDA y la hepatitis,
así como el nivel de muertes por sobredosis
accidentales. Aunque estas actividades no
reducen necesariamente el nivel general de
la demanda, son eficaces en la reducción
de algunas consecuencias sociales y
sanitarias de la dependencia de las drogas.
Fortalecimiento de comunidades
El análisis que ofrece el IDPC sobre las
experiencias de estrategias de drogas en
todo el mundo no es muy optimista sobre
las posibilidades de que los programas de
aplicación de la ley de drogas o prevención
reduzcan significativamente el nivel general
de consumo de drogas en la sociedad. Sin
embargo, parece existir una correlación
mucho más fuerte entre el nivel de problemas
de drogas en una comunidad concreta y la
cohesión e integración sociales en general de
dicha comunidad. Dicho en otras palabras: se
suelen observar menores niveles de consumo
de drogas y de problemas relacionados
con ellas allí donde hay fuertes ‘factores de
protección’, como estrechos vínculos familiares,
una sólida cohesión comunitaria, bajos niveles
de desigualdad y buenas oportunidades de
educación y empleo. Desarrollar estos factores
de protección constituye un importante
desafío para los gobiernos y las autoridades
locales, especialmente en entornos con
pocos recursos, pero es más probable que
tenga un impacto a largo plazo sobre las
dimensiones de los problemas de drogas
que programas específicos de prevención de
drogas. Las implicaciones normativas de estas
conclusiones son importantes y atañen tanto
a las estrategias de reducción de la oferta
como de la demanda. Aunque es cierto que
los gobiernos deben encontrar estrategias y
actividades que proporcionen una respuesta
inmediata a los mercados de drogas violentos o
a los crecientes niveles de consumo de drogas,
es probable que estos problemas sólo se
reduzcan a largo plazo mediante enfoques de
desarrollo que persigan aumentar la inclusión
social de las poblaciones afectadas. Cuando
las comunidades experimentan un desarrollo
social y económico positivo, las personas
tienen menos motivaciones para involucrarse
en el tráfico de drogas o consumirlas.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe se han
enfrentando durante muchos años a los problemas
provocados por los mercados internacionales de
drogas y el consumo de estupefacientes entre sus
propios ciudadanos. Los problemas de drogas
se han hecho más complejos e inextricables y
cada vez está más claro que nuestros enfoques
tradicionales, basados en la estricta aplicación de
la ley, no pueden solucionar el problema. Por lo
tanto, es hora de revisar y reequilibrar las estrategias
de drogas nacionales para formular planes que
apliquen las pruebas y experiencias empíricas de
todo el mundo a las circunstancias y prioridades
concretas de cada país. Afortunadamente, los
responsables de la formulación de políticas
pueden acceder fácilmente a información y
asesoramiento sobre esta cuestión mediante
organismos regionales e intergubernamentales
(CICAD y CARICOM), así como de los ámbitos
académicos y no gubernamentales (a través del
IDPC).
integrada por ONG y redes profesionales especializada en cuestiones relacionadas
con el uso y la producción de drogas ilegales. El Consorcio trabaja para fomentar un
debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas
de drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundan
sobre evidencias científicas que efectivamente reducen el daño relacionado a las
drogas. La red elabora sus propios informes y documentos de principios, difunde los
informes de sus organizaciones miembro sobre cuestiones específicas relacionadas
con las drogas, y ofrece servicios de asesoría a los encargados de políticas y
funcionarios de todo el mundo.
2
desembocar en el apoyo popular a los enfoques
de ‘mano dura’ ante problemas de drogas
y delincuencia. Por suerte, en 2010 se han
publicado dos guías de fácil acceso dirigidas
específicamente a formuladores de políticas
que proporcionan información y asesoramiento
sobre cómo adoptar un enfoque estructurado
para el desarrollo de una estrategia nacional
sobre drogas integral e integrada:
• Desarrollo de políticas públicas
sobre drogas: guía para responsables
políticos, técnicos y expertos. Comisión
Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) y Secretaría de la
Comunidad del Caribe (CARICOM). La
CICAD fue establecida en 1986 por la
Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) con el objetivo
de actuar como un foro para el hemisferio
occidental encargado de las políticas
relacionadas con todos los aspectos del
problema de las drogas. Cada Estado
miembro designa un alto representante
ante la Comisión, que se reúne dos veces
al año. La CICAD promueve la cooperación
y coordinación regionales entre los Estados
miembros de la OEA a través de programas
de acción, que dependen de su Secretaría
Ejecutiva. La Secretaría de la CARICOM
es el principal órgano administrativo de la
Comunidad del Caribe y está encabezada
por un secretario general que es el jefe
ejecutivo de la Comunidad. La misión de
la Secretaría consiste en proporcionar
un liderazgo y soporte dinámicos, en
colaboración con las instituciones y los
grupos de la Comunidad, con miras a
alcanzar una Comunidad sostenible,
viable e internacionalmente competitiva
que mejore la calidad de vida de todos
sus habitantes. Esta guía fue elaborada
conjuntamente por estos dos organismos
regionales para dar respuesta a sus
Estados miembros, que habían expresado
que necesitaban apoyo técnico en este
campo. La guía se ha desarrollado con la
ayuda de expertos en materia de políticas e
instituciones de estas organizaciones y de
otros asesores especializados. Partiendo
de la idea de que una buena política de
drogas debe abarcar estrategias y acciones
claramente planificadas en muchos ámbitos
de gobierno –seguridad, justicia, asuntos
sociales, sanidad, educación, aplicación
de la ley y asuntos exteriores–, la guía se
centra en los procesos institucionales que
se deberían seguir para garantizar que las
políticas y los programas sean integrales y
eficaces en términos de costos. Se puede
descargar una versión completa de la guía,
en inglés, en las páginas web de ambas
organizaciones (www.cicad.oas.org o www.
caricom.org). También se puede acceder
directamente a la guía a través de: http://
www.cicad.oas.org/en/pubs/How_to_
Develop_a_National_Drug_Policy_CICADCARICOM.
pdf.
• Guía sobre políticas de drogas del
IDPC. Consorcio Internacional sobre
Políticas de Drogas (IDPC). El Consorcio
Internacional sobre Políticas de Drogas
es una red mundial integrada por
organizaciones no gubernamentales (ONG)
que se han agrupado en una plataforma
común para fomentar políticas de drogas
humanas y eficaces. El Consorcio cuenta
con 60 organizaciones miembro en todo
el mundo y con una red de expertos cuya
labor se centra en varios aspectos del
desarrollo de programas y políticas de
drogas. Muchos de ellos han participado
en la elaboración y la revisión de políticas
gubernamentales en este campo. Un
objetivo del Consorcio es ofrecer a las ONG
interesadas un mecanismo para interactuar
de forma constructiva con gobiernos
nacionales y organismos internacionales
sobre cuestiones relacionadas con las
políticas de drogas, así como ofrecer
un servicio de asesoría y orientación a
responsables de la formulación de políticas
que están trabajando sobre la revisión y
modernización de sus políticas y estrategias.
Esta publicación es fruto de una labor
3
de colaboración en que han participado
muchos miembros y asesores del IDPC y
reúne pruebas y buenas prácticas de todo
el mundo sobre la elaboración y puesta en
práctica de políticas y programas de drogas
a escala nacional. Al igual que la guía de
la CICAD/CARICOM, cubre los principales
principios y procesos en que se debería
basar el desarrollo de políticas nacionales
eficaces, pero también incluye capítulos que
ofrecen consejos y recomendaciones sobre
áreas normativas concretas, agrupadas
en tres grandes secciones: justicia
penal, programas sociales y sanitarios, y
fortalecimiento de comunidades. La guía
completa se puede descargar en la página
web del IDPC (www.idpc.net) y está
disponible en español (http://www.idpc.
net/es/publications/guia-sobre-politicasde-
drogas-idpc).
Principios y procesos
Ambas publicaciones hacen un gran hincapié en
la importancia de que los gobiernos nacionales
den prioridad urgente a la revisión de políticas y
adopten un enfoque estructurado e integral ante
las diversas opciones de políticas y programas
progresistas. Las dos publicaciones respaldan
explícitamente una serie de principios para
garantizar políticas eficaces:
• Estructura. Se debería adoptar un
enfoque sistemático para el desarrollo,
la puesta en práctica y la revisión de las
políticas nacionales sobre drogas, que esté
supervisado por una estructura internacional
que se encargue de equilibrar las necesidades
e intereses de los departamentos y
organismos correspondientes. La guía
de la CICAD/CARICOM profundiza más
sobre los procesos que deberían seguir los
responsables de formular políticas en este
sentido, describiendo un proceso dividido en
cuatro componentes que abarca: ‘comunidad’
(plena consulta con todos los actores y
agentes de cambio implicados en el proceso
con el objetivo de evaluar la naturaleza del
problema); ‘estrategia’ (la articulación clara
de una dirección, los objetivos y una serie
de actividades); ‘presupuesto’ (la exposición
clara de cómo se van a utilizar los recursos
estatales para apoyar la aplicación de la
estrategia); y ‘evaluación’ (el marco para
evaluar si los diversos elementos de la
estrategia están alcanzando los objetivos
que se les asignaron). La guía del IDPC
subraya la importancia, teniendo en cuenta
que se trata de un área normativa muy
sensible políticamente, de marcar objetivos
y asegurar una evaluación independiente del
impacto de las políticas. Las evaluaciones
deberían centrarse en la eficacia de los
programas y las políticas para reducir
los problemas sociales, sanitarios y de
delincuencia relacionados con las drogas, y
no en la medición de actividades como los
decomisos y los arrestos. Los responsables
de la elaboración de políticas se muestran,
comprensiblemente, muy cautos a la hora
de plantear revisiones que podrían poner
sobre la mesa posibles fallos o cuestiones
políticas difíciles pero, si deseamos
aprender de la experiencia, es fundamental
asumir un compromiso para comprender
mejor el impacto de la labor desempeñada.
Los tiempos, en este sentido, también son
importantes: si la revisión se efectúa sobre
un período de tiempo demasiado breve
será difícil evaluar las tendencias y los
impactos, aunque el carácter cambiante de
los mercados de drogas y los patrones de
consumo significa que los gobiernos no se
pueden permitir quedarse enclaustrados con
estrategias fijas durante demasiado tiempo.
• Diversidad. El hecho de que los gobiernos
sigan procesos parecidos para el desarrollo
de políticas de drogas no debería conducir en
modo alguno a las mismas conclusiones en
materia de políticas y programas. El carácter
de los problemas a los que se enfrenta cada
gobierno, el contexto social, económico
y cultural, y las prioridades políticas y
sociales de distintas administraciones
4
variarán según el momento y el lugar. El
abanico de políticas y programas apropiado
para un determinado país podría no encajar
con la situación en otro. Aunque hay cierto
grado de responsabilidad compartida y
principios comunes en la forma en que
todos los países abordan los problemas de
drogas, se debería también apoyar a cada
gobierno para que encuentre la estrategia
y las actividades más adecuadas a sus
propias circunstancias. La cooperación
internacional no se debería convertir en una
‘camisa de fuerza’ que impide todo atisbo
de creatividad, sino debería centrarse en
una buena coordinación cooperativa en el
campo de la reducción de la oferta y en
el intercambio de experiencias y buenas
prácticas en los campos de aplicación de la
ley y justicia penal, así como de programas
sociales y sanitarios, a escala local.
• Pruebas empíricas. En un área normativa
donde la ideología y la opinión tienen tal
protagonismo, los encargados de adoptar
políticas deberían invertir muy especialmente
tiempo y recursos en desarrollar buenos
conocimientos sobre las pruebas empíricas
disponibles: las dimensiones y la naturaleza
del problema, qué funciona (y qué no) para
reducir los distintos aspectos del problema,
y los impactos sobre el gasto público (es
decir, la interacción entre el gasto proactivo
y el reactivo mencionado al que aludíamos
arriba). Esto supone invertir en los sistemas
de datos e investigación apropiados, así
como evaluar qué implican sus resultados.
Sin duda, ésta es una tarea difícil cuando
los recursos son escasos y las conclusiones
en un área normativa tan compleja nunca
proporcionarán una respuesta totalmente
clara sobre las políticas que se deberían
seguir. Sin embargo, si se comprometen con
la adopción de políticas basadas en pruebas
empíricas, sus responsables contarán al
menos con ‘indicacaciones’ que les servirán
para orientar su camino y decisiones y,
además, con una serie de motivos para reducir
las inversiones en programas ineficaces.
• Sociedad civil. La publicación de la
CICAD/CARICOM destaca que es
importante que los gobiernos garanticen
una adecuada participación de la
sociedad civil como parte del proceso de
formulación de políticas descrito arriba. El
IDPC es una red de la sociedad civil que
lleva tiempo promoviendo mecanismos
más significativos y constructivos para
que la sociedad civil pueda contribuir al
proceso de establecimiento de políticas
a escala nacional e internacional. La
sociedad civil abarca todas las estructuras
no gubernamentales con información y
conocimientos sobre la naturaleza de los
mercados de drogas y los patrones de
consumo de estupefacientes, y que tienen
un interés en que las políticas de drogas se
apliquen con éxito y den buenos resultados
(por ejemplo, ONG que proporcionan
servicios, comunidades y grupos de base
religioso o representantes de consumidores
o cultivadores). Hasta la fecha, el diálogo
entre la sociedad civil y los gobiernos sobre
las políticas de drogas ha tenido a estar
dominado por discusiones sobre moralidad,
ideología y política. Se podrían producir
intercambios mucho más productivos
si ambos grupos se comprometen con
mecanismos que se centren en compartir
experiencias e información para mejorar
los conocimientos sobre la naturaleza del
problema de las drogas y qué respuestas
serían las más eficaces.
El primer apartado de la Guía sobre políticas
de drogas del IDPC articula cinco principios
para lograr políticas de drogas eficaces.
Estos principios reflejan, en grandes líneas,
las orientaciones sobre proceso de la Guía de
la CICAD/CARICOM, pero profundizan más
en tres ámbitos que consideramos de vital
importancia para el desarrollo de políticas y
programas humanos y eficaces.
5
Derechos humanos
No ha pasado mucho tiempo desde que
los investigadores y analistas en materia de
políticas han empezado a examinar las diversas
formas en que las políticas y los programas
de drogas pueden violar los derechos y las
libertades fundamentales consagrados en la
Carta de la ONU y el resto de convenciones
y declaraciones que conforman el aparato
internacional de derechos humanos. Entre ellas
cabría mencionar el uso de la pena de muerte para
delitos de drogas, los castigos extrajudiciales
o la invasión de la intimidad, así como casos
generalizados de denegación de acceso a
servicios sanitarios básicos, la aplicación de
penas desproporcionadas y el empleo de la
tortura y de castigos crueles e inhumanos en
nombre del tratamiento para la dependencia
de las drogas. Todas estas actividades de
fiscalización de estupefacientes chocan con las
obligaciones internacionales que han contraído
los organismos gubernamentales de fomentar y
proteger los derechos humanos. Por lo tanto,
que las políticas de control de drogas cumplan
con las debidas obligaciones en materia de
derechos humanos es un principio clave para el
desarrollo y la revisión de políticas de drogas.
Los países son cada vez más criticados por los
relatores especiales de las Naciones Unidas y
el proceso de examen periódico universal por
llevar adelante políticas y programas de drogas
que infringen estas obligaciones.
Integración social
La ‘guerra contra las drogas’ se basaba –al menos
en parte– en la idea de que, si una sociedad
mostraba un absoluto rechazo al consumo de
drogas y los organismos gubernamentales
trabajaban duro para identificar y castigar a
los consumidores de drogas, se disuadiría a
los consumidores potenciales. Así, muchos
aspectos de las actuales estrategias de drogas
se fundamentan en la teoría de la exclusión
social como mecanismo disuasorio ante el
consumo de drogas. Medidas como el arresto
y castigo generalizado de los consumidores
de drogas, los análisis de detección de
drogas y la exclusión de la escuela o el
empleo, y la denegación de acceso a ayudas
públicas siguen este mismo principio. Sin
embargo, en la práctica, este principio de
disuasión funciona muy raramente. Y no sólo
eso, sino que este proceso de exclusión se
suele aplicar a grupos ya marginados de la
sociedad –sectores pobres, minorías étnicas e
inmigrantes– mientras, al mismo tiempo, otros
programas gubernamentales de desarrollo
social y económico están intentando mejorar la
inclusión de estos mismos grupos. Por tanto,
las políticas de control de drogas basadas
en la disuasión pueden socavar, aunque
no sea de forma deliberada, la labor de los
programas de desarrollo social y económico.
El IDPC, en consecuencia, propone que las
estrategias nacionales sobre drogas se basen
en el principio general de la integración o
inclusión social: el objetivo debería consistir
en maximizar la integración social y económica
de las comunidades pobres y marginalizadas
donde actualmente prosperan los mercados y
el consumo de drogas. Esto entraña una mejor
alineación entre las estrategias y los programas
de desarrollo y los de control de drogas.
Reducción de daños
La guía de la CICAD/CARICOM propone
que las estrategias nacionales se dividan en
dos grandes líneas: ‘reducción de la oferta’ y
‘reducción de la demanda’. En esta tipología, la
reducción de daños (programas con el objetivo
de reducir los daños sociales y sanitarios
del consumo de drogas) se plantea como un
subapartado de la reducción de la demanda.
La guía del IDPC, en cambio, considera que la
reducción de daños es un principio general, ya
que el objetivo último de las políticas de drogas
es limitar los daños sociales y sanitarios y, por
tanto, todas las actividades desempeñadas
en este ámbito se deberían juzgar según su
aportación a este objetivo. Evidentemente,
las actividades que logran limitar la oferta o
la demanda pueden contribuir a la reducción
de los daños sociales y sanitarios, pero esta
correlación no siempre es tan simple. Por
ejemplo, las operaciones de aplicación de la
ley que desmantelan un grupo de traficantes
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pueden desembocar en un aumento de los
índices de violencia y disturbios cuando otros
grupos más agresivos luchan por hacerse con
el ‘vacío’ dejado en el mercado. También puede
que las iniciativas para disuadir a un pequeño
grupo de consumidores potenciales que no
entren en el mercado de las drogas aumenten
la marginalización social y los riesgos sanitarios
de otros consumidores.
El concepto de reducción de daños se ha
hecho polémico porque un creciente número
de posibles actividades de las estrategias de
drogas pueden limitar determinados daños
sociales y sanitarios –como el VIH/SIDA,
las sobredosis accidentales o la pequeña
delincuencia– sin reducir necesariamente
la oferta o la demanda. El impacto directo
de estas políticas sobre la reducción de los
daños no se cuestiona. Sin embargo, se siguen
planteando cuestiones sobre el valor de estas
actividades de reducción de daños. En primer
lugar, surge el temor de si estas políticas
aumentan la demanda o, al menos, socavan o
restan recursos a los programas de reducción
de la demanda. Esta cuestión se ha estudiado
en profundidad y se ha llegado a la conclusión
de que este temor es infundado: la prestación
de servicios de apoyo a la sanidad pública
destinados a consumidores de drogas o de
tratamiento para la dependencia de drogas
dirigidos a pequeños delincuentes no conduce
a un aumento del consumo. En segundo
lugar, surge la pregunta de si estos enfoques
‘tolerantes’ ante los consumidores de drogas
menoscaban la desaprobación social sobre el
consumo de drogas. Como ya se ha mencionado,
el IDPC considera que los gobiernos deberían
adoptar enfoques más tolerantes con respecto
a los consumidores de drogas y tratarlos, como
manifestó Antonio Costa, director ejecutivo de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD), ‘como pacientes,
no como delincuentes’.
Políticas y programas
La guía de la CICAD/CARICOM no proporciona
ningún consejo detallado sobre la naturaleza de
programas y actividades concretos ni pruebas
sobre la eficacia de éstos. Se limita a ofrecer
una lista genérica de áreas de actividad que
se deberían incluir en una estrategia nacional,
bajo los epígrafes generales de reducción de la
oferta y la demanda. La guía del IDPC sí intenta
resumir las pruebas y experiencias de que se
dispone y traducirlas en recomendaciones para
alcanzar políticas y buenas prácticas eficaces
en tres grandes ámbitos:
Justicia penal
En este apartado de la guía del IDPC, se examinan
las funciones de los organismos encargados de
la aplicación de la ley y de los sistemas judiciales
penales para responder a los mercados de
drogas y a la delincuencia relacionada con
estas sustancias. Este apartado recomienda a
los gobiernos nacionales que dejen de centrar
toda su atención en medir los logros en términos
de números de arrestos y sentencias o en el
volumen de drogas decomisadas, ya que estas
medidas de ‘proceso’ no parecen conducir a
reducir las dimensiones del problema. En lugar
de ello, las estrategias se deberían centrar
más directamente en limitar las consecuencias
sanitarias, sociales y de delincuencia que
se derivan de los mercados y el consumo de
drogas. Este nuevo acento exigirá una revisión
de las estrategias y tácticas de la justicia penal,
tales como:
• La modernización de las leyes sobre
drogas, de forma que distingan mejor entre
los distintos actores que interactúan en
los mercados de drogas –consumidores
ocasionales, consumidores dependientes,
traficantes ‘sociales’, ‘mulas’ o correos y
traficantes comerciales– y puedan centrar
los castigos más severos sobre aquellos
que controlan los mercados de drogas
para obtener unas importantes ganancias
comerciales.
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• Replantear las estrategias de aplicación
de la ley de forma que persigan el
objetivo explícito de reducir la violencia,
la intimidación y la corrupción asociadas
con los mercados de drogas–, dedicando
la principal atención a los grupos más
violentos e implacables, y trabajar en
estrecha colaboración con las agencias
sociales y sanitarias.
• La aplicación de programas que desvíen a
los autores de delitos menores de procesos
judiciales o sentencias penitenciarias que
salen muy caros a las arcas públicas. La
sobrecarga de los sistemas judiciales
y penitenciarios con casos menores de
drogas no sólo es cara, sino que genera
problemas de gestión y no ayuda a mitigar
el problema general de las drogas.
• La creación de estrategias de drogas
para centros penitenciarios que combinen
medidas de seguridad, tratamiento y sanidad
pública de la mejor forma para gestionar la
concentración de consumidores de drogas
en entornos controlados por el Estado y
con gran densidad demográfica.
Los organismos que forman parte de la
justicia penal tienen un papel clave en futuras
estrategias de drogas, pero sus recursos y
tácticas se deben centrar explícitamente en un
conjunto de objetivos más amplio.
Programas sociales y sanitarios
El análisis del IDPC insta a una mayor inversión en
programas de prevención, tratamiento y reducción
de daños como la forma más eficaz en términos
de costos de reducir los problemas sociales
y sanitarios asociados con los mercados y el
consumo de drogas. Sin embargo, en este contexto
general, hay observaciones más detalladas de
cómo las pruebas empíricas y las experiencias que
surgen de iniciativas de todo el mundo pueden
informar las estrategias nacionales:
• Si bien la prevención del consumo de
drogas es, lógicamente, preferible a
responder después de que se produzcan los
problemas, hay escasas evidencias de que
las campañas generalizadas de prevención
de drogas (como las campañas mediáticas
o los programas que se desarrollan en
escuelas) reduzcan efectivamente los niveles
generales de consumo de drogas. Aunque
muchas de estas iniciativas han mejorado
la concienciación sobre los riesgos o han
contribuido a un desarrollo más amplio de
las capacidades para la toma de decisiones,
no han alcanzado su objetivo principal:
reducir los índices de prevalencia o de edad
de iniciación. Así pues, muchos gobiernos
están ahora prestando mayor atención a
programas de prevención selectivos que
se centran en grupos de riesgo concretos y
aspiran más a limitar los niveles de consumo
problemático que el consumo general de
drogas en la sociedad.
• El tratamiento para la dependencia de
drogas cuenta con una base científica muy
sólida que demuestra que los programas
bien concebidos y ejecutados pueden
reducir de forma significativa los problemas
de salud y delincuencia asociados con la
dependencia de drogas. La guía del IDPC
subraya la importancia de que los gobiernos
desarrollen ‘sistemas’ de tratamiento
integrados que abarquen mecanismos
debidamente coordinados para identificar
a personas dependientes de las drogas,
ofreciéndoles acceso a toda una serie de
programas de tratamiento y gestionando su
reinserción en el mundo laboral, la vivienda y
la vida comunitaria. Los sistemas integrados
para el tratamiento de la dependencia de
drogas deberían diseñarse y aplicarse
mediante la colaboración entre diversos
organismos de los ámbitos de la sanidad,
los asuntos sociales y la justicia penal.
• El concepto general de reducción de
daños se comenta más arriba, pero en
el contexto concreto de responder a los
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problemas sanitarios asociados con la
dependencia de las drogas, hay pruebas
empíricas evidentes sobre la eficacia de
toda una gama de actividades para reducir
contagios como el VIH/SIDA y la hepatitis,
así como el nivel de muertes por sobredosis
accidentales. Aunque estas actividades no
reducen necesariamente el nivel general de
la demanda, son eficaces en la reducción
de algunas consecuencias sociales y
sanitarias de la dependencia de las drogas.
Fortalecimiento de comunidades
El análisis que ofrece el IDPC sobre las
experiencias de estrategias de drogas en
todo el mundo no es muy optimista sobre
las posibilidades de que los programas de
aplicación de la ley de drogas o prevención
reduzcan significativamente el nivel general
de consumo de drogas en la sociedad. Sin
embargo, parece existir una correlación
mucho más fuerte entre el nivel de problemas
de drogas en una comunidad concreta y la
cohesión e integración sociales en general de
dicha comunidad. Dicho en otras palabras: se
suelen observar menores niveles de consumo
de drogas y de problemas relacionados
con ellas allí donde hay fuertes ‘factores de
protección’, como estrechos vínculos familiares,
una sólida cohesión comunitaria, bajos niveles
de desigualdad y buenas oportunidades de
educación y empleo. Desarrollar estos factores
de protección constituye un importante
desafío para los gobiernos y las autoridades
locales, especialmente en entornos con
pocos recursos, pero es más probable que
tenga un impacto a largo plazo sobre las
dimensiones de los problemas de drogas
que programas específicos de prevención de
drogas. Las implicaciones normativas de estas
conclusiones son importantes y atañen tanto
a las estrategias de reducción de la oferta
como de la demanda. Aunque es cierto que
los gobiernos deben encontrar estrategias y
actividades que proporcionen una respuesta
inmediata a los mercados de drogas violentos o
a los crecientes niveles de consumo de drogas,
es probable que estos problemas sólo se
reduzcan a largo plazo mediante enfoques de
desarrollo que persigan aumentar la inclusión
social de las poblaciones afectadas. Cuando
las comunidades experimentan un desarrollo
social y económico positivo, las personas
tienen menos motivaciones para involucrarse
en el tráfico de drogas o consumirlas.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe se han
enfrentando durante muchos años a los problemas
provocados por los mercados internacionales de
drogas y el consumo de estupefacientes entre sus
propios ciudadanos. Los problemas de drogas
se han hecho más complejos e inextricables y
cada vez está más claro que nuestros enfoques
tradicionales, basados en la estricta aplicación de
la ley, no pueden solucionar el problema. Por lo
tanto, es hora de revisar y reequilibrar las estrategias
de drogas nacionales para formular planes que
apliquen las pruebas y experiencias empíricas de
todo el mundo a las circunstancias y prioridades
concretas de cada país. Afortunadamente, los
responsables de la formulación de políticas
pueden acceder fácilmente a información y
asesoramiento sobre esta cuestión mediante
organismos regionales e intergubernamentales
(CICAD y CARICOM), así como de los ámbitos
académicos y no gubernamentales (a través del
IDPC).
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